El Ministerio Público los vincula con una presunta red que captaba adolescentes de entre 13 y 17 años; se identificaron al menos 3 víctimas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 3 meses de prisión preventiva a un abogado y a una mujer, acusados por el Ministerio Público de trata de personas, abuso sexual de menores y delitos de alta tecnología.
Los imputados son Andrés Acosta Vargas y Franyely Franchesca Peralta Guzmán. Cumplirán la medida en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, en Santiago.
Según el expediente, la investigación comenzó el 26 de octubre de 2026, luego de que el padre de una adolescente de 17 años denunciara que su hija había sido trasladada a Santiago bajo la promesa de adquirir experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de clases.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la joven fue llevada a la residencia de Acosta Vargas, donde presuntamente era obligada a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres a cambio de dinero.
Las investigaciones, dirigidas por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, establecen que los imputados contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos para que participaran en encuentros sexuales. Las autoridades identificaron al menos a 3 víctimas de esta presunta estructura criminal, de 13, 14 y 17 años.
El Ministerio Público atribuye a Peralta Guzmán la responsabilidad de trasladar a la adolescente de 17 años hasta Santiago, mientras que el abogado supuestamente coordinaba los encuentros y los grababa, lo que sustenta la imputación por delitos de alta tecnología.
El tribunal dispuso además el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados durante la investigación. También autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otra adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus declaraciones y evitar que tengan que comparecer reiteradamente ante los tribunales.
Los imputados están acusados por el Ministerio Público y siguen amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
